Cada mes, las ONG que trabajan el Territorio Palestino Ocupado gastan 375.000 dólares (255.000 euros) para superar las restricciones israelíes al movimiento y el acceso a la ayuda humanitaria. Mientras que las limitaciones incrementan el coste anual en 4,5 millones de dólares (3,2 millones de euros) el mayor precio lo pagan los habitantes del Territorio Palestino Ocupado (TPO).
Estos son sólo algunos de los datos que se extraen del informe elaborado por la Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo (AIDA), una coalición de 84 organizaciones internacionales de ayuda y desarrollo entre las que se encuentra las ONG españolas Acción contra el Hambre, Intermón Oxfam, Médicos del Mundo, MPDL –Movimiento por la Paz, HelpAge International España y Solidaridad Internacional.
Con uno de cada cuatro palestinos viviendo por debajo de la línea de pobreza, las organizaciones que han elaborado el informe aseguran que estas restricciones aíslan aún más a las comunidades que precisan ayuda urgente, haciendo que los más vulnerables paguen el precio más alto.
“Estas restricciones están arrebatando a la población de Gaza sus oportunidades reales de recuperación. Cerca del 80% de la población en la Franja depende de la ayuda humanitaria y nuestro tiempo y dinero están siendo desperdiciados porque no podemos hacer entrar y salir de Gaza con normalidad nuestro personal y mercancías”, asegura Boris Aristín, coordinador de Médicos del Mundo en el Territorio Palestino Ocupado y miembro del Comité Ejecutivo de AIDA.
Las organizaciones humanitarias aseguran que los impedimentos para acceder a la denominada Zona Seam o límite (como se denomina al área militar entre la Línea Verde y el Muro) y a las comunidades beduinas y pastoras del valle del Jordán y el sur de Hebrón, hacen que esta población sea tan vulnerable como la de Gaza.
Por ejemplo, en la localidad de Barta, en la que 3.600 personas viven en Zona Seam o límite (como se denomina al área militar entre la Línea Verde y el Muro) rodeadas por una valla eléctrica, miembros de AIDA ni siquiera pudieron conseguir un permiso para entrar un par de horas y evaluar las necesidades de la comunidad.
El caso de Barta es sólo uno más de cómo las limitaciones no afectan sólo al sobrecoste de los programas sino a la misma elección de su ubicación o de los colectivos con los que las agencias humanitarias y de desarrollo trabajan. “Nos encontramos obstáculos enormes”, explica Diego Gutiérrez, de Acción contra el Hambre. “Llevar la ayuda sobre la base de a dónde se nos permite llegar no es aceptable, la ayuda debería llegar simplemente a quienes más la necesitan”.
El informe de AIDA también menciona otros obstáculos como los requisitos de registro administrativo que exigen tanto la Autoridad Palestina como Hamás también y que dificultan una ayuda humanitaria eficaz, ya que requieren cada vez más tiempo por parte de las organizaciones que conforman AIDA.
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