El pasado 1 de Junio de 2011 la Cámara de Representantes Colombiana aprobó una ley histórica, que reconoce el derecho a la reparación de millones de víctimas del conflicto interno que vive el país.
Al texto aprobado y disponible en la web del Senado Colombiano, solamente le falta el visto bueno de en plenaria de ambas Cámaras para pasar a ratificación presidencial y de esta forma entrar en vigor. La velocidad de los acontecimientos se debe a que el presidente Juan Manuel Santos quiere que sea sancionada antes de la visita del secretario general de la ONU Ban Ki-moon , que estará en Colombia del 10 al 12 de junio.
Esta Ley viene a reconocer a las víctimas de un conflicto inexistente para el ex -presidente Uribe durante sus 8 años de mandato, periodo donde su política estrella fue la llamada seguridad democrática que en el ámbito de los civiles ha sido evidentemente un fracaso ya que la confrontación continuó generando: desaparecidos, desplazados, refugiados…
En los últimos 20, y a pesar de no existir consenso con respecto a los métodos de medición, se registran al menos 4 millones de desplazados, 53.016 asesinatos políticos, 35.449 secuestros y 5.098 desapariciones forzadas. Pero esto no son solamente cifras, detrás de cada una de ellas hay personas y sufrimiento humano, mucho dolor causado por un conflicto que se ha degenerado cada vez más, donde las mujeres y su dignidad son un arma de guerra, donde los paramilitares al reinsertarse deponen las armas pero no las motosierras, donde han pasado y siguen pasando cosas que desearía que fuesen imposibles de concebir en la mente humana, pero que lamentablemente ocurren.
Esta Ley que no es del gusto de todos, tiene pros y contras, pero es un avance frente a la ocultación de las consecuencias humanas de la guerra interna irregular y eterna que sufre Colombia. Una Ley que recoge entre otros aspectos:
>> La restitución de tierras a las personas desplazadas y despojadas de sus de las mismas a causa del conflicto.
>> Establece que la reparación será material, pero también moral, reconociendo y visibilizando situaciones de una realidad que ha estado silenciada tanto por el gobierno como por la población urbana del país.
Por su parte, las voces críticas, entre las que se cuentan la Corporación Jurídica Libertad, tal y como pone de manifiesto en su nota No todo es bueno en la aprobada Ley de Víctimas , señalan que la norma es inadecuada ya que:
>> Excluye a muchas víctimas del conflicto derivada de la determinación de una fecha (1985) como punto de partida temporal para poder solicitar tal reconocimiento. Para un conflicto que se data aproximadamente en la década del 60 del siglo pasado, esto significarían 15 años de impunidad, en materia de derechos humanos y de apropiación indebida de tierras y demás bienes de los desplazados.
>> El texto considera como parte de la reparación el acceso a servicios sociales (como salud o educación) a los cuales un ciudadano colombiano tiene derecho con independencia de su condición de víctima del conflicto. De esta forma se estaría convirtiendo en compensación algo que realmente no lo es.
>> La ley se ha redactado sin un proceso de consulta con las víctimas o las organizaciones que las representan. Lo cual no solamente le resta legitimidad, sino que de acuerdo a la legislación colombiana puede estar violando acuerdos internacionales (en lo referente a las comunidades indígenas y afrodescendientes que sería forzoso de acuerdo al Convenio 169 de la OIT).
Por estas y otras razones hay voces que en Colombia que están afirmando que si la Ley se ratifica en estas condiciones la demandarán frente a la Corte Constitucional.
Nota al margen: me llama la atención que a la fecha no he visto en medios de comunicación asociados a las ONG ninguna referencia a este tema, solamente hoy el IECAH publica una nota en su boletín de esta semana.
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