Amnistía Internacional realizará un acto para exigir al gobierno colombiano una mayor protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, así como respeto por las labores que realizan. El acto tendrá lugar el sábado, 11 de junio, de 11:45 a 14:30 horas, en la plaza Sánchez Bustillo de Madrid (en la entrada del Museo Reina Sofía). Amnistía Internacional colocará 300 siluetas humanas que representan a defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.
Con esta acción quiere hacer visible el elevado número de personas que han sido víctimas de homicidios, amenazas, hostigamiento, violaciones sexuales perpetrados por miembros de las fuerzas armadas y policiales, paramilitares y guerrillas ante la inacción del gobierno colombiano. Además, contaremos con acompañamiento musical, gracias a la colaboración del Coro Voces al Punto dirigido por Vanessa Borhagian.
Colombia padece uno de los conflictos armados más crueles del mundo y una situación de grave impunidad para quienes vulneran los derechos humanos en su territorio. Los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Colombia desempeñan desde hace largo tiempo un papel fundamental en la denuncia de los abusos y en el apoyo a las víctimas, pero siguen pagando un precio muy elevado por realizar su legítimo trabajo.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos, se encuentran a la vanguardia de los esfuerzos encaminados a garantizar el respeto de los derechos políticos, sociales y culturales en Colombia. Muchos se dedican a denunciar los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario perpetrados por todas las partes involucradas en el conflicto. Desde hace tiempo, sectores de las fuerzas de seguridad y otras instancias del Estado, el gobierno y la magistratura tratan de empañar su reputación y socavar su trabajo, formulando, por ejemplo, declaraciones públicas en las que equiparan sus actividades con las de la subversión o promoviendo detenciones arbitrarias y acciones penales
En 2009, se hicieron públicos documentos oficiales que demuestran que han habido operaciones ilegales de espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad (el servicio civil de inteligencia que actúa bajo autoridad directa del presidente) contra los defensores y defensoras de derechos humanos para restringir o neutralizar su trabajo en favor de los derechos humanos: han sido intervenidas ilegalmente sus llamadas telefónicas, se los ha seguido, vigilado y fotografiado secretamente. Y no solo el Departamento Administrativo de Seguridad, también la Policía y el Ejército han espiado a los defensores y las defensoras de derechos humanos, participando en actividades con el fin de frustrar y reducir la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos.
En Colombia, las personas que defienden los derechos humanos y la justicia se encuentran en peligro, son víctimas de hostigamientos sistemáticos, desapariciones forzadas, amenazas, violencia sexual, acusaciones falsas o infundadas, encarcelamientos, ataques violentos y homicidios que perpetran miembros de las fuerzas armadas y policiales, paramilitares y guerrillas. Colombia se ha convertido en uno de los países donde hay más ataques contra los defensores y defensoras de derechos humanos.
Desde Amnistía Internacional, hacemos un llamamiento a todos los miembros de las fuerzas armadas y policiales colombianas, de los grupos paramilitares y de los grupos guerrilleros para que de una vez por todas respeten el derecho internacional humanitario vigente.
Amnistía Internacional pide al gobierno colombiano que promueva y defienda los derechos humanos de todos los colombianos y colombianas, y que proteja adecuadamente a los defensores y las defensoras de derechos humanos, tomando medidas integrales orientadas a prevenir las violaciones de los derechos humanos y así, atajar de raíz las causas de esas violaciones, como la impunidad. Además, debe reconocer públicamente la legitimidad de las actividades sobre derechos humanos y se abstenga de formular declaraciones públicas cuestionando el trabajo legítimo de los defensores y defensoras de los derechos humanos.
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