22 millones de niñas y niños refugiados y desplazados siguen sin tener garantizado el acceso a la educación
>> Una de las principales causas de desplazamiento interno en Colombia es la vinculación y reclutamiento a grupos armados
>> En Sur Sudán, en aquellas poblaciones en las que está presente el Servicio Jesuita a Refugiados, las niñas permanecen durante más tiempo en la escuela
En la presentación, que ha sido realizada en el” CEEI Talavera de la Reina – Toledo”:http://www.ceeitvr.com/, han participado Rafael Sancho Zamora, director Fundación CEEI Talavera de la Reina – Toledo, Juan Carlos Gil Rupérez, delegado de Entreculturas en Castilla – La Mancha y Merlys Mosquera, directora del Servicio Jesuita a Refugiados-Latinoamérica y Caribe.
El CEEI Talavera de la Reina – Toledo colabora activamente en la realización de esta actividad en el marco del convenio de colaboración que posee con la Fundación Entreculturas, como parte esencial del apoyo a cuantas actuaciones se desarrollan en el marco de la RSC, y especialmente aquellas que van destinadas a fomentar el interés por la Educación, como vía primera para lograr personas con capacidades, recursos y talento necesario, que les permita ser los emprendedores del mañana.
El informe se centra en los casos de Colombia y Sur Sudán, los dos países con el mayor número de población desplazada del mundo, y además se recogen las cifras de desplazados internos y refugiados en el mundo.
El número de personas refugiadas y desplazadas en el mundo a causa de conflictos y persecuciones es de 43,3 millones, según cifras del año 2009. De estos, aproximadamente 22 millones son niños, niñas y jóvenes menores de 22 años refugiados y desplazados, que representan el 51% del total. De los 43 millones, 15,2 millones son personas refugiadas, 27,1 millones son personas desplazadas dentro de su propio país y cerca de un millón de personas son solicitantes de asilo, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El delegado de Entreculturas en Castilla – La Mancha, Juan Carlos Gil Rupérez, señala que “pese a que el derecho a la educación está reconocido por la comunidad internacional, éste se vulnera de manera sistemática, habiendo una brecha entre teoría y práctica”. Y es que lo cierto es que una gran mayoría de niños y niñas desplazados no recibe educación. Tampoco la población adulta y joven desplazada o refugiada ve satisfecho su acceso a una educación y aprendizaje permanente. Esta vulneración del derecho a la educación dificulta el cumplimiento de otros derechos.
También manifiesta Juan Carlos Gil que “pese a que hay un fuerte anhelo y deseo de retornar a sus hogares, la mayoría de la población refugiada lo estará durante un periodo largo, con una media de diecisiete años”. Este hecho tiene importantes implicaciones para niños, niñas y jóvenes, ya que pasarán su infancia y juventud en campos de refugiados o en asentamientos improvisados. Estos desplazamientos masivos de población implican para millones de niños y niñas una desventaja educativa extrema de cara al futuro.
Por su parte, Merlys Mosquera, directora del Servicio Jesuita a Refugiados-Latinoamérica y Caribe (JRS-LAC), ha expresado que “uno de los retos de las sociedades de acogida es desarrollar una conciencia de la diversidad cultural que supone la inmigración. Además, la forma como esta diversidad sea gestionada, redundará en beneficios en el mantenimiento de la armonía social”. Mosquera también ha aseverado que “desde el punto de vista colectivo e individual hay muchas experiencia exitosas para la prevención de “enfrentamientos” culturales”; sin embargo, cree “que la promoción del diálogo intercultural y multicultural son los mejores garantes de una buena convivencia en sociedades mixtas”.
El informe hace un especial hincapié en el tema de género. En los campos de refugiados es menor el número de niñas que acuden a la escuela que el de niños. Esta diferencia es mayor a medida que aumenta el nivel educativo, de manera que, por lo general, se aprecia un importante descenso en el porcentaje de niñas que participan en niveles superiores de la educación primaria o secundaria.
Las principales conclusiones del informe inciden en que la educación es un derecho de todas las personas reconocido por la comunidad internacional, que se vulnera; en los casos en los que existe el acceso a la educación, ésta suele darse sólo en las primeras etapas educativas, y la calidad es, en ocasiones, deficiente; la educación es considerada fundamental por las propias personas refugiadas y desplazadas; hay una marcada discriminación en el acceso a la educación de las niñas refugiadas y desplazadas y, sobre todo, un abandono mucho mayor de la escuela; la educación constituye una herramienta de protección para la población refugiada y desplazada; la educación es una condición para el desarrollo; y que la educación debe ser prioritaria en el trabajo con población refugiada o desplazada y constituye una acción fundamental en situaciones de emergencia
Ampliar la definición y por tanto el amparo legal de los refugiados y desplazados, mejorar las condiciones de repatriación y de asilo, así como promover desde la Comunidad Internacional unas políticas justas y que protejan a todas estas víctimas son algunos de los retos que propone el informe. Para ello, la educación es una de las claves esenciales.
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