Las autoridades chilenas deben asignar un juez civil a la investigación de las acusaciones de implicación policial en la muerte por disparos de un adolescente la semana pasada durante las protestas en Santiago, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Manuel Gutiérrez, estudiante de 16 años, murió la noche del 25 de agosto a causa de una herida de bala en el pecho cuando participaba en una protesta para reivindicar reformas gubernamentales
Expertos en balística han determinado que el disparo mortal fue obra de un sargento de policía que inicialmente alegó que había disparado al aire para restablecer el orden.
“Las autoridades chilenas deben llegar al fondo de los hechos que condujeron a la muerte de este adolescente” manifestó Guadalupe Marengo, directora adjunta del programa de Amnistía Internacional para América.
“Pero para ello, deben remitir el caso a un juez civil especial que garantice una investigación exhaustiva e imparcial y un juicio justo; los tribunales militares no son adecuados para investigar y enjuiciar violaciones de derechos humanos.”
Como un agente de policía ha sido acusado de los disparos, el derecho chileno obliga a investigar y enjuiciar los hechos en el sistema de justicia militar de la era Pinochet.
No obstante, es posible asignar a la causa un juez especial de los tribunales civiles (denominado “ministro en visita”) para garantizar imparcialidad.
En el pasado se ha demostrado que en los juicios militares hay un trato partidista de las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y la policía. Amnistía Internacional y los organismos internacionales de derechos humanos han recomendado que tales delitos se enjuicien ante tribunales ordinarios.
“Chile debe reformar su sistema de justicia militar para que las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad se investiguen, procesen y enjuicien ante tribunales civiles” señaló Guadalupe Marengo.
En Chile han estallado disturbios varias veces en los últimos meses en medio de manifestaciones en gran medida pacíficas para reclamar reformas de alcance sobre varios asuntos, incluido el sistema educativo.
Los manifestantes han presentado numerosas denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, como uso excesivo de la fuerza, uso indebido de gas lacrimógeno, detención arbitraria y posibles malos tratos en el momento de la detención.
“Las fuerzas de seguridad de Chile tienen la obligación de mantener el orden público pero deben hacerlo cumpliendo en todo momento las normas internacionales de derechos humanos relativas al uso de la fuerza. Toda denuncia de abusos debe someterse a una investigación exhaustiva e imparcial” señaló Guadalupe Marengo.
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