¿Otra cara del comercio justo?

Mae Jantai es un pueblo del norte de Tailandia habitado por unas cuarenta familias de la etnia akha. Los akha son agricultores. Su economía de subsistencia está centrada en el cultivo de arroz. Durante muchos años cultivaron también opio, que consumían básicamente con fines medicinales y que les servía como moneda de intercambio con otros pueblos que los proveían de productos que les faltaba, como azúcar o sal. En la década de los 70 y 80 del siglo pasado, el gobierno tailandés, presionado por las mismas naciones que unos años antes habían incentivado su consumo entre la población local, erradicó casi totalmente su cultivo. Como alternativa se introdujeron plantas de té y café en la zona.

Lee es un joven akha de Mae Jantai que tuvo la suerte de estudiar con unos monjes budistas que le pagaron su educación. Desde el año 2007 está embarcado en un proyecto social en colaboración con los campesinos de su pueblo. Intentan producir un café cada vez de mayor calidad, darle una marca comercial y conseguir así mejores precios negociando directamente con compradores de las ciudades cercanas. Lee se dio cuenta pronto que obtendrían un precio mayor si conseguían vender el café del pueblo en mercados más lejanos, como el europeo. Pero la realidad es que en Europa sólo es posible pagar un precio justo para un café de estas características si consigue entrar en el mercado de los cafés selectos, de café ecológico o si es un café con el certificado de comercio justo.

Cuando contactamos con Lee, visitamos su pueblo y nos aseguramos que realmente se trataba de un proyecto social no lucrativo, nuestra asociación decidió ayudarle. La opción más obvia parecía la de conseguir la certificación de comercio justo. Pero después de un año de entrevistas con diferentes actores hemos abandonado la idea. Este artículo quiere dar un toque de atención sobre la injusticia del proceso de certificación de los productos de “comercio justo”.

La injusticia de la certificación del comercio justo

En España el mercado de productos de comercio justo está básicamente monopolizado por el sello FLO. Los estándares de certificación del sello FLO los define FLO International, una organización sin ánimo de lucro de la que forman parte las asociaciones, fundaciones y cooperativas principales de este mercado en nuestro país. Sin embargo, la entidad certificadora, FLO-Cert, con base en Alemania, es una empresa privada con ánimo de lucro que impone los precios y procedimientos de la certificación. Los productores deben pagar 400 euros al día a un auditor alemán que viaja para certificar el producto, y la misma cantidad al analista alemán que verifica que todo sea correcto. A razón de tres días de media que pasa el auditor en el terreno, más un día del analista, más la cuota inicial para comenzar el proceso, la auditoría asciende a unos 2.000 euros, que además tienen que pagar cada año para conservar el certificado. Esta cantidad supone el 25% del precio bruto de venta del café que puede vender la comunidad de Mae Jantai en los mercados de comercio justo. Si lo asumieran, la operación terminaría en pérdidas. Dos mil euros puede que no sea mucho para nosotros pero en Tailandia es el sueldo anual de un trabajador medio. Obviamente este precio podría ser mucho menor si los auditores fueran tailandeses y cobraran sueldos tailandeses. Pero FLO-Cert, fiel a su objetivo de conseguir el máximo beneficio, se niega en redondo a abrir sucursales o capacitar personas en los países productores. Se da así la paradoja de que la empresa certificadora de comercio justo no cumple los estándares que ella misma exige a los productores: ni es democrática, ni reparte los beneficios entre ninguna comunidad ni es respetuosa con el medio ambiente, si tenemos en cuenta los constantes viajes en avión desde Alemania a diferentes partes del mundo.

Antes de renunciar a seguir por este camino en nuestro deseo de apoyar a estos agricultores akha, nos planteamos una alternativa. Sugerida por uno de los integrantes de FLO, consistía en intentar que la comunidad de Mae Jantai se uniera a otras comunidades, aumentaran entre todos la producción y así les saliera a cuenta la inversión en el certificado. Pero esta alternativa entra en contradicción con el principio fundacional del comercio justo, que es precisamente proteger a los pequeños productores ante las multinacionales del sector. Les estaríamos diciendo que dejaran de ser pequeños, que se organizaran en estructuras más grandes, con la consiguiente pérdida de control directo sobre todo el proceso. En nuestro caso esta posibilidad tendría un gran impacto en la comunidad. Tradicionalmente la unidad política, económica y social de los akha es el poblado. El poblado es casi autárquico y crear una estructura superior supondría cambiar un sistema de organización que ha pervivido como mínimo durante 1500 años.

Más allá de FLO: principios para una nueva certificación solidaria

Aun así, seguimos creyendo que un comercio más justo es posible. A nuestro entender, sin embargo, ha de estar basado en otros parámetros. Somos conscientes de que el comercio justo no debe basarse sólo en que el precio que cobre el productor sea justo, con todas las dudas de un precio justo referenciado a los lejanos mercados de Nueva York, sino que además hay otros múltiples factores a tener en cuenta en el proceso que va del productor al consumidor. Debido a esta complejidad y muy variada casuística, desde aquí, humildemente, queremos proponer una alternativa al sello FLO, que deberíamos consensuar entre todos los que pensamos igual. Nos gustaría crear un nuevo certificado basado en el principio general de confianza, que se concreta en los siguientes puntos:

1) coste 0 para el pequeño productor
2) principio general de confianza en los actores implicados
3) el producto es de comercio justo si así lo avala
3.1) en el sur: el productor, organizado en una entidad sin ánimo de lucro o de economía social y
3.2) en el norte: una organización sin ánimo de lucro o de la economía social que colabore, conozca y apoye al productor y dé fe de que en el proceso de comercialización del productor al consumidor no se aprovecha ninguna entidad que directa o indirectamente esté perjudicando los intereses de los productores del sur (con este punto ponemos el filtro a las McDonalds o Nestles de turno)
4) certificado en negativo: el certificado puede ponerse en suspenso previa denuncia documentada que muestre que no se cumple el punto anterior
5) los productos con el nuevo certificado serán consultables vía web, junto con información sobre los productores y las organizaciones que los avalan
6) los productos con el nuevo certificado serán admitidos en todos los canales de distribución de productos de comercio justo y serán aceptados como tales por las administraciones públicas
7) la entidad que mantenga la gestión del nuevo certificado será sin ánimo de lucro, democrática y representativa. Su financiación se sufraga con el esfuerzo de las organizaciones que estén representadas y, si es posible, con la complicidad de la administración pública

Esperamos con este escrito estimular el inicio de este nuevo proceso de certificación para crear las condiciones de un comercio más justo donde ningún actor se aproveche injustamente y, a costa de los pequeños productores a los que supuestamente apoya, desvirtúe el sentido y la noble finalidad que se intenta conseguir.

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